Por Nicole Rojas Rodríguez y Aiko Mariana Homma Monforte
En Fundación Espera la Primavera A.C. impulsamos la reflexión crítica sobre las causas estructurales que afectan el desarrollo de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Este ensayo forma parte de una serie de contenidos destinados a visibilizar problemáticas urgentes como el embarazo adolescente, abordándolas desde un enfoque de derechos, justicia social y prevención de la violencia.
El embarazo en la adolescencia representa un desafío persistente en materia de salud pública, pues incide de forma directa en el desarrollo personal, educativo y social de las jóvenes involucradas. De acuerdo con UNICEF (2019), en América Latina y el Caribe aproximadamente el 18 % de los nacimientos son producto de madres adolescentes, con una prevalencia particularmente elevada en países como Nicaragua, Honduras y República Dominicana. En el caso de México, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) reporta una tasa de fecundidad adolescente de 70 nacimientos por cada 1,000 mujeres entre 15 y 19 años, una cifra que, además de reflejar una problemática estructural, genera importantes costos sociales, económicos e intergeneracionales. En algunos estados como Baja California, dicha tasa ha llegado incluso a superar los 100 nacimientos por cada 1,000 adolescentes, lo cual evidencia la gravedad del fenómeno y su impacto en los sistemas de salud, educación y bienestar social.
Una de las variables más determinantes en la ocurrencia del embarazo adolescente es la violencia estructural, entendida como el conjunto de condiciones de desigualdad que configuran contextos de riesgo. La violencia familiar —física, emocional o sexual— tiene una correlación directa con la incidencia de embarazos no planeados en menores de edad. Estudios recientes advierten que las adolescentes expuestas a entornos violentos son significativamente más propensas a involucrarse en relaciones desiguales, buscar validación emocional en vínculos inseguros o ser víctimas de abuso sexual (Mejía et al., 2018). Esta última forma de violencia resulta especialmente alarmante: la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2020) estima que entre el 20 % y el 30 % de los embarazos adolescentes en la región tienen su origen en actos de violencia sexual, lo cual pone en evidencia una profunda vulneración de derechos humanos.
A esta problemática se suman factores económicos que limitan gravemente la autonomía de las adolescentes. La pobreza, la falta de acceso a servicios básicos, la exclusión educativa y la precariedad laboral constituyen un entramado que expone a muchas jóvenes a embarazos tempranos. Arceo y Campos (2020) señalan que en México la probabilidad de embarazo en adolescentes que viven en zonas rurales es hasta un 60 % mayor que en zonas urbanas. Esta disparidad está directamente vinculada con la desigualdad estructural: según datos de CONAPO (2010–2023), más del 70 % de las madres adolescentes no se encuentran escolarizadas y más del 88 % no cuenta con un empleo formal, lo que perpetúa los ciclos de pobreza y exclusión social. A su vez, la alta tasa de desempleo juvenil y la carga desproporcionada del trabajo doméstico que recae sobre las adolescentes refuerzan patrones de dependencia y subordinación, dificultando su inserción plena en la vida productiva y educativa (UNICEF, 2021).
Los condicionantes culturales también juegan un papel relevante en la reproducción del embarazo adolescente. En algunas comunidades, las normas sociales favorecen o toleran las uniones tempranas y las relaciones con hombres significativamente mayores, las cuales, lejos de representar decisiones libres, responden a esquemas de desigualdad y necesidad económica. Esta normalización, combinada con el estigma que persiste en torno a la educación sexual y el uso de métodos anticonceptivos, limita el acceso efectivo de las adolescentes a información y servicios de salud reproductiva. De hecho, datos oficiales muestran que apenas la mitad de las adolescentes entre 15 y 19 años utiliza algún método anticonceptivo, lo cual refuerza la tesis de que la cultura y el contexto influyen directamente en su capacidad de ejercer derechos sexuales y reproductivos de forma autónoma y segura.
Ante esta complejidad, es indispensable diseñar e implementar estrategias de intervención que no solo respondan a la dimensión individual del problema, sino que aborden también las causas estructurales que lo originan y perpetúan. Esto implica, por un lado, establecer mecanismos de prevención y atención temprana de la violencia en entornos escolares y comunitarios; por otro, incorporar una educación sexual integral con perspectiva de género, científica y libre de estigmas en todos los niveles educativos. Asimismo, es fundamental garantizar el acceso universal, gratuito y seguro a métodos anticonceptivos, especialmente en zonas rurales y marginadas. Estas acciones deben complementarse con políticas públicas que generen alternativas económicas y educativas para las adolescentes en situación de vulnerabilidad, como becas, capacitaciones, y apoyos integrales que prevengan la deserción escolar. Solo mediante un enfoque articulado, multisectorial y con enfoque de derechos será posible reducir la incidencia del embarazo adolescente y transformar los entornos que hoy limitan profundamente el ejercicio pleno de la autonomía, la salud y la dignidad de las jóvenes.