Por Paola David Carmona
Para comprender este fenómeno, es fundamental definir qué se entiende por abuso infantil. Este término abarca cualquier forma de violencia —física, mental, sexual, emocional o por negligencia— ejercida contra una persona menor de edad, generalmente por parte de un adulto con quien mantiene una relación cercana, como madre, padre, cuidador o familiar. Este tipo de violencia, lejos de ser accidental, suele implicar una intención clara de poder, control o castigo hacia el menor. Las consecuencias son profundas y duraderas, afectando el desarrollo intelectual, emocional y físico. La American Psychological Association establece que el abuso infantil se manifiesta como todo acto u omisión reiterada y continua por parte de un cuidador que cause daño físico o emocional, abuso sexual, explotación o que implique un riesgo grave para el bienestar de un menor (Esparza-Del Villar et al., 2020).
El abuso infantil puede presentarse de distintas formas: físico (como golpes o quemaduras), sexual (cualquier contacto de índole sexual con un menor), psicológico (insultos, humillaciones, amenazas) y negligencia (abandono emocional o incumplimiento de necesidades básicas como salud, educación o alimentación) (Loredo-Abdalá et al., 2016; Sauceda García & Maldonado Durán, 2016). Cada una de estas manifestaciones puede dejar cicatrices invisibles que afectan profundamente la salud mental, el desarrollo social y el sentido de seguridad de una niña o un niño.
Una realidad urgente y sus consecuencias de largo plazo
En los últimos años, los índices de abuso infantil en México se han incrementado de forma alarmante. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), tan solo en 2023 se reportaron 31,690 víctimas de violencia contra la infancia, de las cuales 9,802 fueron víctimas de violencia sexual, 9,754 de violencia física y 10,424 de violencia psicológica.
Estas cifras evidencian que la violencia contra niñas y niños es mucho más profunda y sistemática de lo que muchas veces se percibe. Un estudio realizado por Esparza-Del Villar et al. (2020) en Ciudad Juárez reveló que las tasas reales de abuso infantil podrían ser considerablemente más altas que las reportadas por organismos oficiales. Factores como la pobreza, la marginación social, la inseguridad y la presencia del narcotráfico crean entornos donde el maltrato no solo es frecuente, sino que llega a normalizarse.
Investigaciones en hospitales pediátricos mexicanos han identificado que los casos más frecuentes de maltrato están estrechamente ligados a contextos familiares marcados por la pobreza extrema, la violencia intrafamiliar y el consumo de sustancias por parte de los cuidadores (Loredo-Abdalá et al., 2016). Lamentablemente, esta situación se agrava por la limitada capacidad institucional para identificar, atender y prevenir estos casos, lo que prolonga el sufrimiento de las víctimas dentro de un sistema fragmentado e insuficiente.
Comprender las causas del abuso infantil requiere adoptar una mirada integral. A nivel estructural, factores como el desempleo, la violencia comunitaria y la precariedad económica generan un entorno propenso al maltrato. En el ámbito familiar, el estrés constante, los conflictos de pareja, los trastornos mentales no tratados y el consumo de drogas o alcohol reducen significativamente la capacidad de cuidado, contención emocional y protección hacia las niñas y los niños (Sauceda García y Maldonado Durán, 2016).
Las carencias afectivas y económicas en el hogar, sumadas a la falta de redes de apoyo, el aislamiento social y la desinformación, agravan aún más esta problemática. Se advierte que los niños y niñas con discapacidades físicas o mentales, o quienes crecen en familias desestructuradas, están particularmente expuestos a situaciones de abuso. La normalización de estas condiciones impide que muchas de las víctimas identifiquen que están siendo violentadas y que pidan ayuda a tiempo.
Las consecuencias del abuso infantil no solo afectan el presente de quienes lo viven, sino que se extienden a lo largo de toda su vida. Diversos estudios muestran que las víctimas presentan con frecuencia trastornos emocionales, dificultades escolares, problemas de socialización y enfermedades como ansiedad, depresión o trastornos de la personalidad. A largo plazo, estos daños pueden derivar en problemas de autoestima, autolesiones, conductas de riesgo o la reproducción del mismo ciclo de violencia en la adultez.
El impacto emocional de estas experiencias es profundo y, cuando no se recibe atención psicológica o acompañamiento especializado, es común que las víctimas enfrenten su vida adulta con heridas no resueltas que afectan su capacidad de establecer relaciones sanas, desarrollar un proyecto de vida y ejercer su autonomía de forma plena. Además, desde una perspectiva social, el costo del abuso infantil es incalculable: reproduce dinámicas de exclusión, alimenta ciclos de violencia y debilita el tejido comunitario.
Reconocer, intervenir y transformar
El abuso infantil no es únicamente una tragedia individual, sino una expresión de las múltiples fallas estructurales que atraviesan a nuestra sociedad. Sus causas se entrelazan con la pobreza, la violencia, el abandono institucional y la falta de garantías para el ejercicio pleno de los derechos de la infancia. Sus efectos son devastadores: afectan a miles de niñas, niños y adolescentes en México, limitan sus posibilidades de desarrollo y lesionan su bienestar físico y emocional de manera profunda.
Enfrentar esta realidad implica una responsabilidad compartida entre las familias, las comunidades, las instituciones y el Estado. Visibilizar el problema, nombrarlo sin miedo, sensibilizar a la población y generar entornos seguros para la niñez son pasos fundamentales. También es urgente fortalecer la capacitación del personal de salud, educación y asistencia social; establecer protocolos eficaces de detección y denuncia; garantizar atención psicológica oportuna y gratuita; y fomentar vínculos familiares sanos como base para la prevención.
La construcción de una infancia libre de violencia no es una meta idealista, sino un compromiso ético y político que debe reflejarse en cada política pública, en cada escuela, en cada hogar. Solo a través de una acción decidida y coordinada podremos romper con la naturalización del maltrato y garantizar que niñas y niños crezcan con dignidad, respeto y la certeza de que son cuidados, valorados y protegidos.