Por Katherine Mena
Con base en el artículo de Nancy Landa, publicado por El Colegio de México en la serie “Notas sobre Migración y Desigualdades”, Núm. 9, 2025
El derecho que se niega en la práctica
Hoy en día, las personas migrantes en México enfrentan múltiples obstáculos para ejercer su derecho a la educación. Aunque la legislación ha flexibilizado algunos requisitos para aceptar estudios cursados en el extranjero, en la práctica estos avances no siempre se aplican de forma efectiva. Esto afecta principalmente a quienes más lo necesitan: jóvenes deportados, personas refugiadas, solicitantes de asilo y estudiantes en movilidad forzada.
Nancy Landa, especialista en migración, expone cómo el sistema de educación superior en México continúa imponiendo barreras que dificultan la incorporación académica de las personas migrantes. A pesar de reformas como el Acuerdo 286 y los principios establecidos en la Ley General de Educación, muchas instituciones de educación superior (IES) aún no implementan adecuadamente estos lineamientos.
De solución a obstáculo
Los cambios legislativos realizados entre 2015 y 2017 eliminaron requisitos desproporcionados como la apostilla, la legalización de documentos o las traducciones oficiales. Sin embargo, muchas universidades continúan solicitando estos y otros documentos difíciles de obtener, como certificados, planes de estudio o comprobantes migratorios. Esto resulta especialmente problemático para quienes han sido deportados o viven en condición migratoria irregular.
Una revisión realizada a 34 universidades públicas estatales reveló que solo 20 brindan información clara sobre la admisión de personas migrantes. Aun así, todas ellas exigen al menos uno de los requisitos eliminados por ley, evidenciando una desconexión entre la normativa vigente y la realidad institucional.
Falta de inclusión
Las IES, a pesar de contar con autonomía universitaria, han perdido de vista su responsabilidad compartida en materia de inclusión. Aunque tienen la facultad de simplificar los procesos de admisión y revalidación, muchas mantienen criterios rígidos que contradicen las disposiciones legales. De las pocas instituciones autorizadas oficialmente para revalidar estudios directamente, solo 34 lo hacen activamente, y todas son privadas.
Como señala el artículo, “la creciente burocracia creada por el trámite de revalidación se contrapone con la garantía del acceso a la educación, especialmente para la población migrante en México”.
Oportunidades desaprovechadas
México, por su posición geográfica como país de tránsito, destino y retorno, tiene la oportunidad de ser un referente regional en materia de inclusión educativa. No obstante, las cifras muestran lo contrario: en la educación superior, apenas el 0.06% de la matrícula corresponde a estudiantes extranjeros. Esto demuestra que el sistema educativo mexicano aún no se ha adaptado a la realidad migratoria actual ni promueve activamente la movilidad internacional.
Es momento de un cambio
El acceso a la educación no debería depender de un sello, una traducción o un trámite inaccesible. Si México aspira a avanzar hacia una verdadera inclusión educativa, su sistema debe estar a la altura del reto. Reconocer las trayectorias migrantes como fuente de riqueza, y no como una excepción que requiere corrección, es un paso necesario para garantizar el derecho a la educación para todas y todos.