Esta nota aborda la prevención del abuso y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes sin incluir descripciones gráficas.
Un estudio nacional presentado el 23 de junio de 2026 por UNICEF, ECPAT International e INTERPOL estima que uno de cada ocho adolescentes usuarios de internet en México sufrió explotación o abuso sexual facilitados por tecnologías digitales durante un periodo de un año.
La cifra representa aproximadamente 1.6 millones de adolescentes de entre 12 y 17 años.
Los resultados de Disrupting Harm México muestran que la protección digital no puede limitarse a advertir a niñas, niños y adolescentes sobre personas desconocidas. En el 64% de los casos identificados, la víctima conocía a la persona agresora, que podía ser una amistad, pareja o familiar.
Además, el 67% de los incidentes ocurrió exclusivamente en espacios digitales, principalmente mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería y otras plataformas de comunicación.
Muchas víctimas no piden ayuda
El estudio identifica una barrera preocupante: el 32% de las y los adolescentes que atravesaron alguna de estas situaciones no se lo contó a nadie.
Entre los motivos se encuentran el miedo, la vergüenza, el desconocimiento sobre dónde solicitar ayuda o la percepción de que lo sucedido no era suficientemente grave. Menos del 1% de los incidentes identificados fue denunciado ante la policía.
Estas cifras son estimaciones obtenidas mediante una investigación nacional y no equivalen al número de denuncias penales. Su importancia está en mostrar la posible dimensión del problema y las brechas que todavía existen en prevención, atención y acceso a la justicia.
Acompañar es más efectivo que vigilar
Internet forma parte de la educación, la convivencia, el entretenimiento y la vida social de las y los adolescentes.
Por ello, proteger no significa excluirlos de la tecnología ni responder automáticamente con castigos o confiscaciones. Significa construir relaciones de confianza, enseñar habilidades de seguridad digital y ofrecer ayuda oportuna.
UNICEF destaca tres acciones esenciales cuando una niña, un niño o un adolescente cuenta que vivió una situación de violencia: escuchar sin juzgar, creer en su relato y brindar apoyo oportuno.
Una respuesta que culpa, interroga repetidamente o amenaza con retirar el acceso a internet puede aumentar el silencio y dificultar que la persona afectada vuelva a pedir ayuda.
Medidas para fortalecer la protección digital
Las familias, escuelas, casas hogar y Centros de Asistencia Social pueden fortalecer la seguridad digital mediante acciones concretas:
- Designar personas adultas de confianza y explicar claramente cómo pedir ayuda de manera privada.
- Construir acuerdos para el uso de dispositivos junto con las y los adolescentes, considerando su edad y evitando medidas humillantes.
- Conversar sobre privacidad, consentimiento, presión de otras personas, engaños, extorsión y señales de riesgo utilizando un lenguaje sencillo.
- Capacitar a las personas cuidadoras para responder sin culpar ni revictimizar.
- Evitar descargar, reenviar o exhibir contenido íntimo de una persona menor de edad y acudir inmediatamente a las autoridades correspondientes.
- Ofrecer acompañamiento psicológico, jurídico y social, además de dar seguimiento hasta la restitución de sus derechos.
¿Dónde pedir ayuda?
Si existe peligro inmediato, se debe llamar al 911.
Los posibles hechos de violencia también deben reportarse ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes correspondiente. Cuando los hechos puedan constituir un delito, es necesario acudir al Ministerio Público.
Las situaciones relacionadas con el entorno digital también pueden canalizarse a la policía cibernética de cada entidad.
Las instituciones encargadas del cuidado de niñas, niños y adolescentes deben mantener estos contactos actualizados dentro de sus protocolos de protección.
La confianza también protege
La tecnología cambia rápidamente, pero una medida de protección sigue siendo fundamental: que cada niña, niño o adolescente sepa que será escuchado, que no será culpado y que una persona adulta actuará para protegerle.
Promover una vida digital segura forma parte del cuidado integral. Prevenir, dialogar y acompañar son responsabilidades compartidas entre las instituciones, las familias, las autoridades, las plataformas digitales y la comunidad.
