A solo cuatro días del Día Internacional de la Mujer (8M), un grupo de 32 internas del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla de Baz (Estado de México), decidió romper el silencio. Mientras tejen para sobrevivir y generar algo de ingresos, elaboraron carteles con mensajes potentes como “No somos todas. La policía nos mete a las cárceles injustamente”, “No más sentencias injustas” y “Tenemos derecho a un mejor mañana”. Estos carteles serán llevados por la organización civil La Cana a la marcha del 8 de marzo para visibilizar su realidad.
El reportaje revela un panorama desgarrador: el penal diseñado para 250 mujeres alberga actualmente a 503, lo que genera hacinamiento extremo (tres personas por colchoneta individual). Muchas de ellas están en prisión preventiva sin sentencia (el 46 % a nivel nacional) o han sido declaradas inocentes pero siguen encerradas por audiencias canceladas, pruebas inexistentes y defensas deficientes.
Los testimonios son el corazón de la nota. Isabel expresa el miedo al estigma: “Todo el mundo te señala… te critican sin saber que muchas estamos aquí aunque somos inocentes”. Jennifer, de 23 años, condenada a más de 11 años por un robo que dice no cometió, cuenta cómo la obligaron a aceptar el delito y cómo su hija de 7 años le pregunta cuándo podrá llevarla a la escuela. Eugenia, cuya hija Jessica Chávez Bustamante desapareció en 2023, clama: “Ya me declararon inocente pero aquí sigo y mi familia se está destruyendo… solo quiero decirle que espero que esté bien”.
Además de la falta de justicia, denuncian condiciones inhumanas: comida deficiente, ausencia de medicamentos y vitaminas, baños compartidos, costos elevados por higiene básica (2,500 pesos mensuales solo en papel, toallas y lavandería) y llamadas telefónicas carísimas. Al salir, enfrentan otro muro: seis meses para tramitar documentos, rechazo laboral por antecedentes y estigma social.
La activista Mercedes Becker, cofundadora de La Cana, explica que en las detenciones y procesos hay violencia física y sexual, y que sin programas de reinserción con perspectiva de género (empleos dignos, capacitación, apoyo psicológico), muchas terminan en entornos violentos o reincidiendo. Las mujeres piden justicia real, audiencias sin cancelaciones, actividades productivas dentro del penal y una verdadera oportunidad de reconstruir sus vidas. Su mensaje previo al 8M es claro: no están solas, son muchas y exigen ser escuchadas.
