Por Regina Álvarez Tovar
La violencia juvenil en México es una problemática urgente que amenaza tanto el bienestar de millones de jóvenes como el tejido social del país. Su crecimiento sostenido no puede entenderse de manera aislada, sino como el resultado de una combinación de factores estructurales, familiares, económicos y sociales que interactúan en contextos marcados por la desigualdad y la exclusión.
Diversos estudios coinciden en señalar que esta violencia no surge de manera espontánea, sino que está estrechamente relacionada con la falta de oportunidades. De acuerdo con De la O y Flores Ávila (2011), un 72% de los jóvenes considera que la violencia es parte cotidiana de su entorno, y un 54% identifica la falta de empleo como un factor determinante que los expone a situaciones de riesgo. Esta percepción se ve confirmada por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), que estima que aproximadamente 30,000 niñas, niños y adolescentes han sido reclutados por el crimen organizado. Además, datos recientes del INEGI revelan que el 39.8% de las personas mayores de 15 años no participa en actividades económicas, y los jóvenes representan el 50% de la población desempleada menor de 30 años. Esta exclusión, sumada a una sensación generalizada de inseguridad —con más de una cuarta parte de los hogares mexicanos reportando al menos una víctima de delito— crea condiciones propicias para que muchos adolescentes y jóvenes sean cooptados por grupos delictivos.
En el contexto latinoamericano, esta situación se agrava. América Latina concentra una tercera parte de los homicidios del mundo, afectando de forma desproporcionada a las juventudes, según Gregson (2024). En 2021, ocho de los diez países con las tasas más altas de homicidio se encontraban en la región, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Las causas de esta violencia se relacionan con conflictos entre grupos criminales, altos niveles de desigualdad, urbanización desordenada y debilidad institucional. La falta de movilidad social, la precarización laboral, la fragmentación educativa y la segregación territorial refuerzan estas dinámicas de exclusión. Además, como advierten Galán Jiménez y Calderón Martínez (2023), la exposición prolongada a contextos violentos produce efectos psicológicos severos en los jóvenes, como la desensibilización emocional, lo que limita su capacidad de empatía y obstaculiza la eficacia de las estrategias preventivas.
El entorno familiar también puede convertirse en un factor de riesgo. Investigaciones de Falcón Torres y Martínez Hermosilla (2023) indican que la violencia intrafamiliar influye profundamente en el comportamiento de niñas, niños y adolescentes, aumentando su vulnerabilidad frente a la delincuencia. En 2023, más de 20,000 menores fueron atendidos en hospitales por violencia familiar, de los cuales casi el 88% fueron mujeres (Secretaría de Salud, 2024). Estados como el Estado de México y Guanajuato presentan cifras alarmantes de violencia familiar, sexual y física hacia menores. Cuando la violencia se normaliza en el hogar, se incrementa el riesgo de que los jóvenes repitan estos patrones de conducta, lo que refuerza la necesidad de intervenciones tempranas y efectivas que consideren a la familia como núcleo de transformación.
Frente a esta realidad, resulta imprescindible apostar por políticas integrales que fortalezcan el tejido social y generen alternativas reales para la juventud. La educación juega un papel central: programas inclusivos que integren herramientas socioemocionales y habilidades de resolución de conflictos pueden tener un efecto transformador. A esto se suma la importancia de fomentar actividades extracurriculares como el arte, el deporte o la tecnología. La UNODC ha documentado que el deporte, en particular, ayuda a prevenir la violencia, el consumo de drogas y otras conductas de riesgo, al promover habilidades sociales, identidad, bienestar emocional y espacios seguros de convivencia.
Un caso ejemplar en este sentido es el modelo de desarrollo comunitario impulsado por Clara Brugada en la alcaldía de Iztapalapa, en Ciudad de México. A través de las llamadas “Utopías”, centros integrales que combinan arte, deporte, cultura y apoyo social, se logró una reducción del 67% en los delitos y del 51% en los homicidios dolosos desde 2018. Estos espacios ofrecen albercas, bibliotecas, escuelas de cine y centros de orientación, generando entornos positivos para la juventud. Sin embargo, aunque sus resultados son alentadores, este modelo enfrenta desafíos de replicabilidad en otras regiones donde los recursos son limitados y la coordinación institucional es frágil. Para que estas iniciativas tengan un impacto duradero, se requiere garantizar su sostenibilidad financiera, evaluar su impacto de forma rigurosa y fomentar la participación activa de las comunidades locales en su diseño y ejecución.
La creación de centros comunitarios con servicios psicológicos gratuitos y orientación vocacional puede ser también determinante para brindar contención a quienes más lo necesitan. Asimismo, mejorar la coordinación entre los sectores público y privado en la generación de empleos dignos es clave para reducir la dependencia de las redes criminales. Solo con alternativas reales, los jóvenes podrán visualizar un futuro fuera de la violencia.
La violencia juvenil en México es una manifestación de carencias estructurales profundas. Atenderla exige algo más que intervenciones punitivas o programas aislados; requiere una transformación social de fondo, que comience por reconocer el papel central de las juventudes en la construcción de una sociedad más equitativa. Si realmente aspiramos a un país más seguro y justo, debemos garantizar que todas las y los jóvenes tengan acceso a educación de calidad, salud mental, espacios de expresión y empleo digno. No se trata solo de evitar que lleguen a la violencia, sino de ofrecerles razones y caminos para elegir otra forma de vivir. El futuro de México depende de su juventud, y nuestra responsabilidad colectiva es no fallarles.