Una niña debería poder hablar de lo que sueña, de la escuela, de sus amistades y de lo que quiere llegar a ser. Nunca debería verse obligada a atravesar una maternidad como consecuencia de una agresión o de la falta de protección de las personas adultas.
Con esa idea de fondo, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y los sistemas estatales presentaron el Manifiesto Nacional “Niñas Sí, Madres No”. La iniciativa busca poner en el centro una realidad que no puede normalizarse: el embarazo en niñas menores de 15 años no es una decisión ni un destino; es una vulneración de derechos que exige prevención, atención y justicia. El manifiesto recuerda una cifra que obliga a mirar el problema de frente: durante 2025, 7,887 niñas de entre 10 y 14 años fueron madres en México, un promedio de 22 cada día. Aunque el número ha disminuido en los últimos años, cada caso representa una infancia cuya seguridad, salud, continuidad escolar y proyecto de vida pueden quedar profundamente afectados.
La propuesta no se limita a nombrar el problema. Plantea acciones concretas: detección temprana en escuelas y servicios de salud; rutas de atención que eviten la revictimización; acceso a la justicia; y acompañamiento para que las niñas puedan volver a la escuela, recibir apoyo y recuperar sus planes de vida. También impulsa la implementación municipal de la Ruta NAME, orientada a prevenir, atender y erradicar estos casos.
En una casa hogar y en cualquier espacio que acompañe a la niñez, este mensaje importa especialmente. Proteger no significa únicamente reaccionar cuando algo ya ocurrió. También significa escuchar sin juzgar, generar confianza, reconocer señales de alerta y saber a qué instituciones canalizar una situación para que la respuesta sea oportuna y respetuosa. Hablar de prevención de la violencia sexual implica sostener una convicción sencilla, pero poderosa: las niñas tienen derecho a crecer seguras, a aprender, a jugar y a decidir su futuro cuando sea el momento. Las instituciones, familias, comunidades y autoridades compartimos la responsabilidad de hacer que ese derecho sea real.